Comentario
    En momentos en que se incentiva a las personas al ahorro y a mantener su dinero guardado en sus cuentas bancarias; los usuarios se encuentran que para poder mantener dichas cuentas abiertas o para la apertura de una, las entidades bancarias están exigiendo el cumplimiento de absurdos requisitos.

    Desde presentar ordenes patronales, recibos de servicios públicos hasta presentar certificados de matrimonio, contratos de alquileres pasando por constancias de ahorros emitidas por contadores son algunos de los requisitos que los usuarios deben presentar en las entidades bancarias para mantener sus cuentas abiertas evitando así que sean cerradas por la entidad financiera.

    El motivo de esta tramitología se debe a la presión que están sintiendo los bancos para cumplir con la legislación presente en la Ley de Psicotrópicos (8204)  debido a la reforma 8917 que incrementa la multa de un 0,01% al 1% del patrimonio de los bancos que no tengan debidamente comprobados los datos suministrados por los clientes.

    Las quejas ante esta situación no se han hecho esperar; tanto las entidades bancarias como organizaciones en defensa de los consumidores y los mismos consumidores son quienes han alzado la voz ante lo que consideran una situación que perjudica sus respectivos intereses.

    Por parte de las entidades bancarias; han tomado la decisión de ser más estrictos ante las solicitudes de sus clientes en cuanta apertura de cuentas y corroboración de datos de cuentas actuales. Y es que en caso que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) encuentre un solo caso en el que falte la orden patronal o el recibo de servicio público de un cliente, el banco se expone a la sanción. Frente a un castigo tan severo los bancos han preferido cerrar cuentas a quedar expuestos.

    La misma Comisión de Apoyo al Consumidor se ha pronunciado al respecto denunciando que la publicidad de los bancos convoca a sus clientes a actualizar datos personales, no a legitimar sus capitales. Es decir, si una cuenta es sospechosa el cliente debe tener la oportunidad de demostrar lo contrario o ejercer su adecuado derecho de defensa.

    Los mayores perjudicados por esta medida son los clientes actuales (y los futuros) de los diferentes bancos debido a que son quienes deben confirmarle a la entidad bancaria que el dinero que tienen en sus cuentas ha sido obtenido de manera legítima. Y a la luz de lo expuesto, hay casos variados para diferentes clientes: usuarios que final deciden no abrir la cuenta porque era más cara las vueltas que tenían que hacer que el monto que iban a tener; clientes extranjeros que están en proceso de naturalización y al no tener otro pasaporte (en caso de cubanos)  tuvieron que cerrar las cuentas; casos de amas de casa que no podían defender el monto en sus cuentas (aunque fuera por depósitos realizados por sus esposos o hijos) y les cerraron las cuentas.

    Ante esta situación se esta a la espera de la emisión del reglamento que establecerá los controles diferenciados según el riesgo de cada cliente: a unos más requisitos y a otros menos dependiendo de su perfil de riesgo.

    Es conocido por todos que Costa Rica se ha convertido en un lugar en donde el blanqueo de dinero se ha vuelto una actividad creciente debido en parte al poco control que existe por parte de las entidades bancarias para verificar que los dineros depositados en sus entidades realmente hayan sido generados de manera legitima (ejemplo de esto fue la denuncia expuesta en Marzo del presente año en donde el Banco Popular trasegó fondos de acusados de lavado de dinero; infringiendo así la legislación que previene el lavado de dinero).
   
    Pero mientras el reglamento para controlar el riesgo de cada cliente no se emita; los usuarios tendrán que decidir entre: seguir lidiando con la tramitología engorrosa para legitimar sus cuentas o mantener la plata debajo del colchón.